A Unidas Podemos no le vale con que el Gobierno vaya a estudiar la posibilidad de establecer un impuesto extraordinario a las eléctricas junto a los próximos Presupuestos Generales del Estado: esa medida debe adoptarse, a su juicio, "ya". Así lo planteó este miércoles la vicepresidenta segunda del Ejecutivo y líder de la formación morada en el Consejo de Ministros, Yolanda Díaz, apenas un día después de que la titular de Transición Ecológica, Teresa Ribera, se mostrara partidaria de analizar esta medida únicamente para las próximas cuentas públicas, que de aprobarse entrarán en vigor en enero de 2023.

Díaz y Unidas Podemos llevan semanas defendiendo la necesidad de poner en marcha este impuesto extraordinario, pero la vicepresidenta elevó este miércoles el tono de urgencia de esta petición, el mismo día que entra en vigor el anunciado límite al precio del gas dedicado a producir electricidad con un estreno decepcionante. "Nuestra posición es clara, son momentos excepcionales y este país necesita abordar con prontitud el principal problema que tenemos que es la inflación", argumentó Díaz, que insistió en que "la inflación no está causada por los salarios, sino por los elevados precios energéticos".

Por ello, la vicepresidenta aseguró que "necesitamos actuar ya con un impuesto", como recomiendan "la OCDE" o "la Comisión Europea" y están haciendo los primeros ministros británico e italiano, "Boris Johnson y Mario Draghi", respectivamente. Díaz quiso mandar el "mensaje positivo" de que el Gobierno está "bajando los precios" de la energía, pero insistió en que el Ejecutivo debe "continuar tomando medidas, y hay mucho que hacer en todos los ámbitos".

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No obstante, mientras Díaz planteaba esta necesidad de abordar ya la creación de un impuesto a las eléctricas, la ministra de Hacienda, María Jesús Montero, se mostraba más cauta, aunque insistía en que el PSOE también es partidario de hacer tributar más a estas corporaciones. "Es voluntad del Gobierno de España en su conjunto que aquellos que están obteniendo beneficios del incremento de los precios energéticos, fundamentalmente las empresas eléctricas y petroleras, tengan una mayor aportación al conjunto de arcas públicas para que contribuyan a financiar el sostenimiento del tejido productivo", pero es necesario "buscar el vehículo adecuado para la puesta en marcha" de este tributo, señaló.

En Presupuestos

"No hay discrepancia entre las dos formaciones", PSOE y Unidas Podemos, quiso insistir la titular de Hacienda, que afirmó que ella misma ha sido "la primera en trasladar que, en este momento, hace falta una mayor contribución por parte de aquellos que obtienen beneficios del incremento de los precios energéticos". Pero, habida cuenta de que "los decretos leyes no pueden poner en marcha medidas de nuevas figuras fiscales", esa vía -la más directa y la más rápida del ordenamiento jurídico español para legislar- para la creación del impuesto a las eléctricas queda bloqueada, sostuvo Montero.

También desde el flanco socialista de la coalición, la vicepresidenta tercera y Ministra de Transición Ecológica, Teresa Ribera, abrió este martes la posibilidad de abordar el debate sobre un impuesto específico por los beneficios caídos del cielo, pero alejándolo al momento en el que el Ejecutivo negocie los Presupuestos para 2023, que deberían entrar en vigor el próximo 1 de enero, informa Clara Pinar.

"Será importante ver si necesitamos ver una fiscalidad especial, una para el gas y otra para el petróleo. El momento pertinente debatir esto probablemente en el contexto de la negoción presupuestaria", dijo Ribera en una entrevista en TVE, donde también alejó la posibilidad de que un impuesto sobre los beneficios caídos del cielo pueda llegar antes, como pide Díaz este jueves. Un eventual nuevo impuesto a las eléctricas se consignaría en Presupuestos, dijo, "igual que las medidas extraordinarias hay que debatirlas en los contexto de los decretos leyes que hemos venido aprobando para proteger a las familias". "Cada cosa a su tiempo y bien ponderadas, trabajadas junto con el resto del equipo económico, en particular con el Ministerio de Hacienda y el de Economía", añadió, sacado a Trabajo de la ecuación.

La ministra de Transición Ecológica no es precisamente una ministra complaciente con las compañías eléctricas, a las que no deja de pedir su contribución en la situación actual y, a la inversa, las compañías tampoco tienen de ella la mejor de las consideraciones. Sin embargo, en la fricción dentro del gobierno sobre si se les debe gravar por sus beneficios extra, Ribera rompió una lanza a su favor y recordó ayer que ya existen dos mecanismos que minimizan sus beneficios.

"En estos momentos cuentan con varias limitaciones muy importantes", dijo en primer lugar al decreto que en octubre del año pasado les prohíbe cobrar más de 67 euros MWh en sus contratos en el mercado libre con los consumidores, de modo que sus beneficios no podrán superar esa cifra. Por otra parte, Ribera insiste en que el tope del precio del gas, pese a sus decepcionantes primeros resultados, también recorta los beneficios de las eléctricas, dado que el mecanismo ha logrado desacoplar los precios y ya solo cobran a precio de gas el gas, no el resto de energías -como la solar o la eólica- que también producen y son mucho más baratas, que hasta ahora cobraban a precio de gas y que desde ayer ya solo pueden cobrar a 40 euros MWh.

No obstante, para Díaz ese impedimento no puede suponer que el Gobierno deba resignarse a aplazar la puesta en marcha del nuevo tributo. "Yo soy clara: todo es posible cuando hay voluntad política, no nos entretengamos en los debates jurídicos", pidió la vicepresidenta, que deslizó que, como ocurre en el derecho, "cuando hablamos de metodologías procedimentales, en el fondo estamos ocultando debates" sobre el contenido de las medidas. "No demoremos más los debates, actuemos, porque la gente lo está pasando mal", pidió.